La Gobernación de Imbabura en coordinación con la Subsecretaría de Minería Norte y la Empresa Pública Nacional Minera (ENAMI EP), mantuvieron un diálogo abierto con las autoridades parroquiales y comunitarias de Cuellaje y Peñaherrera del cantón Cotacachi sobre el tema minero de la concesión denominada Playa Rica.

También estuvieron presentes los representantes del Ministerio del Ambiente, Senagua y Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes expusieron el trabajo de cada una de las instituciones en la zona de influencia.

En este conversatorio, los asistentes conocieron de las autoridades, el trabajo que se realiza en territorio sobre la política pública minera que desarrolla el Estado. Ellos expusieron sus inquietudes, expectativas y propuestas, para trasparentar la presencia, alcances, objetivos y actividades iniciales de la investigación que desarrollará ENAMI EP conjuntamente con la empresa Cornerstone en las áreas de concesión.

Marisol Peñafiel, Gobernadora de Imbabura, resaltó que los acercamientos y el diálogo con los habitantes de la zona serán permanentes e inician en buenos términos; porque cada uno de los técnicos de las instituciones ha logrado despejar de manera franca  y directa todas las inquietudes respecto a este tema.

“En territorio queremos trabajar con cada uno de los sectores, seguimos abiertos al diálogo, a escuchar esas diferencias en el marco del respeto, para llegar a esos acuerdos que nos permita garantizar los derechos de los hombres y las mujeres que se encuentran asentados en cada uno de los territorios”.

Por su parte, Santiago Chamorro, Subsecretario Zonal de Minería, dijo que el compromiso de la ENAMI EP es fomentar la minería bien hecha, la que respete los estándares ambientales, sociales y técnicos, que permitan un desarrollo integral a las comunidades. “Buscamos fortalecer y dinamizar la economía del país para atraer divisas y generar fuentes de empleo. A través de una minería responsable lograremos posicionar a Ecuador como un país minero.

Uno de los representantes de la  comunidad de La Magdalena, felicitó la iniciativa entre el Gobierno y las comunidades. “Ahora conocemos de fuente directa, que hace el Estado con nosotros. Esta desinformación que tenemos nace de quienes no son  los organismos competentes”.

Luego de la socialización, se llegaron a varios acuerdos. Entre los cuales se destacan fortalecer los procesos informativos en cada comunidad; así como el derecho a la información de primera mano y de fuentes oficiales, para promover la libertad de expresión entre la autoridad y la ciudadanía.