Luego de seis días de una intervención integral, el operativo antiminería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí (Imbabura) pasa a la segunda etapa. Por ello, la ministra del Interior, María Paula Romo, quien preside la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi), convocó a una reunión para hacer una evaluación con la presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. La cita se desarrolló este lunes 8 de julio de 2019, en las instalaciones del ECU-911 en Ibarra. Participaron los titulares de las carteras de Estado que integran esta instancia: Defensa, Recursos Naturales, Agua, Riesgos, entre otras. Así como los representantes de los altos mandos policial y militar y las autoridades locales.

Durante la primera etapa del operativo, la Policía intervino las zonas que eran parte de esta economía criminal: San Gerónimo, Buenos Aires, La Y, La Feria y Ciudad de Plástico. Además, tomó el control de Mina Vieja, El Olival, Nueva Mina y El Potrero. El general Patricio Carrillo, Director de Operaciones de la Policía Nacional y quien estuvo a cargo de la acción de control, entregó los resultados.

Presentó ocho logros, entre los cuales se destacan: la eliminación del escenario de alto riesgo por la cantidad de personas asentadas en los sectores mineros; bloqueo del transporte multimodal en la zona; intervención de las minas; y destrucción del material y otros recursos decomisados.

La evacuación ordenada y sin enfrentamientos de las personas que se asentaron en las minas y los sectores previos, es otro de los logros de la operación. Durante este proceso, 5025 personas -de distintas nacionalidades y grupos etarios- salieron de manera voluntaria.

Respecto a los indicadores ligados a la seguridad, la Policía Nacional informó que hay 33 detenidos. Además, se decomisaron 15 armas de fuego, 41 cartuchos, 13 motos, 119 galones de combustible, 2339 gramos
de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea, cuatro bombas de agua, entre otros elementos.
Desde esta tarde empezó la segunda etapa del operativo denominado «Amanecer Radiante».

Todo apunta a la desarticulación de las organizaciones delictivas que están detrás de esta economía ilícita, anclada a la minería ilegal. También se realizarán operativos para desarticular las estructuras de apoyo de estas actividades, que forman parte del financiamiento.

En la etapa de conclusiones de la reunión, la ministra Romo aclaró que el control a la minería ilegal no termina con la intervención en Buenos Aires que durará los 60 días que comprende la declaratoria de excepción, sino
que se debe comprender que esta es una amenaza a la seguridad ciudadana, con la que el Estado tendrá que convivir y para la que las instituciones tendrán que prepararse.

Mencionó que son 16 provincias las que tienen potencial minero. Por lo cual, el resguardo estatal tiene que migrar a todas estas zonas, ya que luego de la intervención en Imbabura los grupos delictivos intentarán
tomar otros yacimientos. La Policía Nacional, por ejemplo, ha empezado con el fortalecimiento de una unidad especializada.

El vicepresidente Sonnenholzner, en el cierre de la reunión, recalcó su preocupación por el fácil acceso que los grupos ilegales tienen al material minero ecuatoriano. Por ello, solicitó el compromiso de todas las instituciones del Estado para combatir este fenómeno con el incentivo de otras actividades como la agricultura y la ganadería.