En la sala de crisis del Servicio Integrado de Emergencias ECU 9-1-1 se realizó la reunión del Comité Provincial de Seguridad con representantes de las diferentes instituciones del Ejecutivo de Imbabura, Alcaldes de Pimampiro y Otavalo, delegados de los GAD Municipales de Ibarra, Antonio Ante y Urcuquí.

Marisol Peñafiel, Gobernadora de Imbabura presidió este espacio que fue también convocado para los representantes del sector del transporte, quienes en los últimos días mostraron su preocupación por la inseguridad. Sin embargo, no asistieron al llamado.

La representante del Ejecutivo en la provincia, felicitó el apoyo y colaboración de las diferentes entidades, quienes expusieron su labor realizada. En primera instancia, se analizó el cuadro de mando integral de la Policía Nacional, el cual registra un porcentaje del 2.9%; rango estadístico a nivel nacional que considera a Imbabura como una provincia segura a diferencia de otras en el país.

Entre otro de los datos, se determina que el mayor número de ingreso de llamadas al ECU 9-1-1 y atenciones por hechos o actos de violencia, se registra en el entorno social y por problemas de libadores en la vía pública; donde el exceso del consumo de alcohol, es la principal causa. Los GAD Municipales, Intendencia de Policía y Comisarías Nacionales son los llamados a controlar desde el momento en el que se otorgan los permisos, o se determina el uso del espacio público.

Al analizar el tema de inseguridad por cantones, en Pimampiro se consideró reforzar el personal policial y efectuar más operativos de control. Además, se analizó la posibilidad de volver a establecer una Unidad de Policía Comunitaria en el sector de Juncal o Chalguayacu. Por su parte, en el sector del Control Integrado de Mascarilla se establecerá un control de fuerza combinada entre uniformados de la Policía Nacional y Ejército Ecuatoriano.

En el tema de Justicia, se reiteró la necesidad de gestionar la implementación de una oficina de Fiscalía para Pimampiro. Al respecto, al analizar los hechos suscitados en la zona del Valle del Chota, la autoridad provincial reiteró que los estamentos y operadores judiciales serán quienes determinen los grados de responsabilidad y sanciones.

Gustavo Pareja, alcalde del GAD Municipal de Otavalo resaltó el trabajo articulado con las autoridades de Justicia. Por ello, encamina sus esfuerzos para instalar alrededor de 43 cámaras de video vigilancia ubicadas en sitios estratégicos. Además, El GAD de Urcuquí y de Otavalo indicaron que tienen lista la Ordenanza Municipal de regula el control de libadores y que será aplicada en cada una de las ciudades.

Marisol Peñafiel, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al trabajo de la seguridad. “La seguridad es tarea de todos y en todos los espacios. Ciudadanos, autoridades de instituciones públicas y privadas, todos somos los invitados a participar de manera activa y propositiva con acciones y medidas adecuadas que garanticen sus derechos.

No hemos dejado de trabajar en los operativos de control en los 6 cantones de la provincia, con un trabajo articulado entre la Policía, Comisaría Municipales, Comisarías Nacionales, Intendencia, Molvildenor y otras instituciones” explicó.