AUTORIDADES GARANTIZAN SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

 

Marisol Peñafiel Montesdeoca, Gobernadora de Imbabura junto al Coronel Víctor Hugo Zárate, Comandante de Policía de la Subzona de Imbabura, el Coronel Agustín Proaño Daza, Jefe del Comando Operacional 1 Norte y el Coronel Edgar López, Gerente de la Empresa de Movilidad E.P en rueda de prensa dieron a conocer a la ciudadanía sobre el trabajo articulado que se realiza en toda la provincia, para garantizar el orden, la paz y la seguridad.

 

“En el área de seguridad y dentro de un modelo de gestión en conjunto con varias instituciones, hemos realizado más de 300 operativos de control en Imbabura con nuestros 36 Tenientes Políticos, 6 Comisarias e Intendente de Policía en coordinación con Fuerzas Armadas y Policía, lo cual nos ha permitido obtener excelentes resultados, para combatir la delincuencia, desmantelar bandas que quieran o intenten instalarse en la provincia y garantizar la seguridad ciudadana, gracias al trabajo operativo, profesional y táctico de la Policía Nacional. De igual forma, se ha reforzando el trabajo Fuerzas Armadas en el control de carreteras, tenencia ilegal de armas, delitos hidrocarburíferos, entre otros. Agradecer el compromiso de los Gobiernos Locales quienes se han sumado a este trabajo operativo y de seguridad”.

Victor Hugo Zárate, Comandante de Policía de la Subzona de Imbabura, indicó que existe una reducción del 60% de delitos en lo que va del mes, de todos los que son denunciados en Fiscalía, gracias a las acciones entre la ciudadanía, autoridades y Policía. “Es importante retomar las Mesas de Justicia y que exista la sinergia necesaria que le garantice al pueblo la seguridad. El portafolio de servicios de la Policía Nacional está abierto a la ciudadanía. El barrio más seguro no es el que tiene más policías, sino el que está más organizado”.

 

Sobre los anuncios de una posible medida de hecho por un sector de los transportistas, Zárate, dijo que se garantizará el libre tránsito como un derecho constitucional. Los gendarmes estarán apostados en toda la vía, para garantizar el derecho de todos.

 

Agustín Proaño, Jefe del Comando Operacional 1 Norte, dijo que como Fuerzas Armadas manifiestan su compromiso de participar en el ámbito de la seguridad y apoyar en las áreas donde se identifique el accionar de su institución, para mejorar las condiciones. “Estaremos presentes y patrullaremos las áreas de mayor concentración para garantizar la seguridad”.

Edgar López, Gerente de la Empresa de Movilidad E.P, en su intervención dijo que están alineados a las políticas de operativos en conjunto, en lo que se refiere al sector del transporte y relacionado a los temas de sus competencias. “Vamos a estar pendientes del anuncio de movilización de acuerdo a lo que la ley nos permite, especialmente en los desvíos correspondientes, para precautelar la seguridad vial tanto de los pasajeros como de los conductores y automotores”.

 

“Extraoficialmente conocemos que han anunciado una paralización, no han asistido a la reunión correspondiente, remitimos la convocatoria para que participen señalando que autoridades estarán pendientes, para dar viabilidad en el marco del diálogo, del respeto y así dar las soluciones correspondientes. No están presentes, no hay ningún documento por escrito que hayan ingresado ni a la Agencia Nacional de Tránsito ni a la Gobernación sobre sus pedidos.

 

En el marco del respeto a los derechos de las personas y en el marco de la ley, la Gobernación de Imbabura y el Gobierno Nacional está dispuesta a dialogar. Tenemos la obligación de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 393 que es “Garantizar la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover la cultura de la paz y prevenir las formas de violencia y discriminación.

Nos sumamos a las declaraciones de la Policía que es garantizar el libre tránsito, en virtud de una presunta movilización que pueda realizarse y afecte a la libre movilidad. El Código Integral Penal señala en su artículo 346 sobre la paralización de un servicio público.- La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.


 

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